DELITOS INFORMATICOS

DELITOS INFORMATICOS.

En la actualidad con la creación de la denominada "autopista de la información", el INTERNET, las posibilidades de comunicación e investigación se han acrecentado, se tiene acceso a un ilimitado número de fuentes de consulta y entretenimiento.

El problema radica en que, la conducta humana parece ser que está inclinada al delito, a conseguir satisfacción a sus deseos a toda costa.

Con el desarrollo de la informática, aparece también lo que se denomina como: DELITO INFORMATICO. 

De la misma manera que muchas personas se han dedicado a desarrollar sistemas de computación para solucionar problemas de la sociedad, otras tratan de utilizar la tecnología, y en el caso que nos ocupa, las computadoras y sistemas, para el cumplimiento de actividades ilícitas.

 
De la misma forma como se encuentran cosas positivas en el INTERNET, encontramos cosas negativas, lo cual nos lleva a pensar que el mal no está en la tecnología sino en las personas que las usan, a modo de ejemplificación diremos que la red de comunicación electrónica digital, se la ha utilizado por pederastas para estimular la prostitución infantil, del mismo modo grupos políticos racistas neo nazis lo han usado para difundir su nefasta ideología, se cree, inclusive, que el INTERNET es una vía de comunicación y negocios entre narcotraficantes y contrabandistas de armas, etc.

La persona que comete delitos informáticos, tiene un perfil diferente al que conocemos del delincuente común. Es una persona con instrucción, muchas veces superior, pues debe conocer de muy buena forma el procedimiento informático. Muchas veces, causan problemas en los sistemas de información, por satisfacción personal, una manera de demostrar sus conocimientos técnicos, no lo hace por lograr réditos económicos.

Hasta hace pocos años era imposible pensar en una red de comunicación mundial como es el INTERNET; por lo tanto, es menester que todos los países del mundo unan sus esfuerzos a fin de evitar la propagación de los delitos informáticos.

El organismo que regula los derechos de propiedad intelectual en el país es el IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual) donde otorga al autor, creador o inventor, el derecho de ser reconocidos como titulares de la obra o creación, y por lo tanto, son los únicos que pueden explotar o permitir la explotación de su obra o creación. De igual forma, el titular de dichos derechos está facultado para ejercer todas las acciones que se requieran para impedir que terceros exploten su obra o creación sin su autorización.

La infracción a los derechos de autor ha tenido graves repercusiones en el mundo artístico ecuatoriano. Un ejemplo de esto es el elevado costo de la producción de un CD de música nuevo. En el Ecuador, la producción de un CD es de USD $20.000, por lo que la oportunidad de recuperar la inversión se torna muy complicada. 

Pero el problema radica en la que inclusive este tipo de negocio de la piratería es legal porque son las propias autoridades las que dan permisos de funcionamiento teniendo encuentran que se dedican aun delitos.

En la actualidad la legislación en el Ecuador lo único que se reprime como delito informático es la utilización del hardware y el software pirata, campaña lanzada con el auspicio de MICROSOFT, empresa transnacional interesada en recaudar mayores divisas por el uso de sus programas.

La falsedad informática será sancionada con pena de siete a nueve años a quien modifique, desarrolle, trafique, comercialice, ejecute, programe o imite una página web, enlaces o ventanas emergentes.

El daño informático será sancionado con pena de tres a cinco años y multa de 10 a 20 remuneraciones básicas unificas a la persona que dolosamente y de cualquier modo impida u obstaculice el funcionamiento normal de programas, datos y otros.

También serán sancionados quienes trafiquen, adquieran, produzcan, vendan, sofware malicioso. Y quienes destruyan la infraestructura o instalaciones físicas que son necesarias para transmisión y recepción de información.

La pena será de cinco a siete años si la infracción se comete sobre bienes informáticos destinados a la prestación de un servicio público o vinculado con la defensa nacional.